Por mayoría de cuatro votos contra uno, la primera sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó ayer la
liberación de 12 simpatizantes e integrantes del Frente de Pueblos
en Defensa de la Tierra (FPDT), entre los que se encuentra Ignacio
del Valle –condenado a 112 años de prisión por secuestro
equiparado” y ataques a las vías de comunicación–, quienes
permanecían en prisión desde los enfrentamientos en San Salvador
Atenco y Texcoco ocurridos en mayo de 2006.
De acuerdo con los magistrados, las condenas dictadas en contra de los activistas
fueron producto de procesos irregulares en los que se emplearon
pruebas ilegales por medio de los cuales se buscó, a decir del
ministro Juan Silva Meza, dar “maquillaje institucional” a un acto
de criminalización de la protesta social.
La resolución comentada constituye un hecho positivo y saludable
por cuanto implica la reparación de una profunda injusticia: debe
recordarse que los presos de Atenco, al igual que muchos de los
habitantes de esa localidad mexiquense, fueron víctimas de un acto
de represión y uso desmedido de la violencia por parte del Estado,
que derivó, como han documentado diversos organismos defensores de
derechos humanos, en violaciones, golpizas, detenciones
arbitrarias, incomunicaciones, allanamientos de morada, robo de
pertenencias a manos de policías estatales y federales, así como en
la muerte de dos personas. Por añadidura, en los meses posteriores
a estos hechos los reclusos enfrentaron procesos plagados de
irregularidades y padecieron la aplicación facciosa de las leyes,
traducida en la invención del delito de “secuestro equiparado” y en
sentencias desproporcionadas y a todas luces injustas.
Resulta alentador, pues, que una instancia de la SCJN rectifique
ahora un atropello cometido por diversos órganos del Estado y
reivindique en alguna medida a ese cuerpo de impartición de
justicia, afectado por un severo descrédito como consecuencia de un
historial de fallos impresentables de sus propios magistrados.
No obstante, la determinación de la Corte no alcanza a reparar el
enorme sentir de extravío en los aparatos estatales de procuración
e impartición de justicia, que en el caso que se comenta ha
derivado en la aplicación de un castigo injustificable para los
activistas de Atenco y en la persistencia de impunidad para los
responsables de las vejaciones y atropellos cometidos hace más de
cuatro años en esa localidad mexiquense. Es pertinente recordar, al
respecto, que la propia SCJN determinó, en febrero del año pasado,
eximir de toda pesquisa a connotados funcionarios de los ámbitos
local y federal que ocupaban por entonces posiciones de poder en
las que cabe presumir alguna responsabilidad por esos hechos.
Sería erróneo, en suma, considerar que la liberación de los presos
atenquenses pone punto final al episodio: antes bien, este hecho
debe ser la primera de una serie de acciones orientadas a reparar
el daño causado a los activistas, dentro de las cuales deberán
incluirse las correspondientes investigaciones en contra de los
funcionarios estatales y federales, así como de los integrantes del
Poder Judicial que los mantuvieron injustamente encarcelados
durante cuatro años. Es exigible, asimismo, la cancelación de las
órdenes de aprehensión que actualmente pesan sobre América del
Valle –hija del dirigente del FPDT, la que recientemente solicitó
asilo político al gobierno de Venezuela–, así como de las órdenes
de arresto adicionales que persisten en contra de los líderes de
Atenco.
Por último, y sin demeritar la labor realizada por los ministros de
la SCJN que votaron a favor de estas liberaciones y exhibieron en
este caso un valioso sentido de justicia, cabe reconocer que el
fallo comentado constituye una victoria para las organizaciones
defensoras de los derechos humanos, los activistas nacionales y
extranjeros y los incontables ciudadanos aislados que hicieron oír
sus voces para que se corrigiera un atropello mayúsculo a los
derechos de los presos y un agravio a la legalidad y el estado de
derecho.
